Las suicidadas
Lidia Falcón - público.es 13.9.2015
Se ha hallado el cadáver de Denise Pikka Thiem, que
desapareció en el camino de Santiago el 5 de abril pasado. Durante cinco meses
no se encontró ninguna pista sobre ella. Ni Guardia Civil ni vecinos fueron
capaces de encontrar los restos de la desaparecida, que evidentemente estaba
muerta. Pero hace unos días el senador norteamericano John McCain apareció
públicamente mostrando su alarma por la falta de noticias de su paradero,
preocupado puesto que era ciudadana estadounidense, y ofreció al gobierno
español la ayuda del FBI para proceder a las investigaciones. ¡Y hete aquí que
a los dos días salían 500 hombres a rastrear los campos, y en cuestión de otros
dos detenían al presunto asesino y le
hacían confesar donde había escondido los restos!
Me pregunto si la desdichada mujer, negra, hallada calcinada
en el container de Nerva (Huelva) hubiese sido ciudadana estadounidense
nuestras fuerzas de seguridad del Estado, el fiscal, el juez del juzgado de
instrucción y los médicos forenses, quizá hubiesen decidido que la muerte se
produjo por violencia ejercida por otras personas y no por suicidio, y hoy
estarían investigando seriamente lo sucedido.
No será posible que los forenses, la Guardia Civil y el
Ministro del Interior –que ha aparecido hoy en la televisión presumiendo del
éxito de la investigación- comuniquen a McCain que Denise Pikka se ha
suicidado. Porque no hay como ser ciudadana de los Estados Unidos de América
del Norte. Ser ciudadana española, y supongo que en el caso de la negra de
Nerva ni eso, no garantiza que tu Estado se sienta responsable ni de tu
seguridad en vida ni de la investigación de tu muerte.
En nuestro país se está dando la proliferación de casos de
suicidadas, en condiciones realmente extraordinarias, que ni siquiera por la
singularidad que muestran merecen ser investigadas.
El diario La Provincia de Las Palmas del 4 de septiembre de
2015, publica una curiosa crónica, que reproduzco por su originalidad:
“El suicidio de una ciudadana británica en la localidad
turística de Corralejo, municipio de La Oliva, ocurrido el pasado día 20 de
agosto, suscitó una serie de dudas entre los investigadores derivada de la
posibilidad de que tras su muerte se escondiera algún tipo de delito, hasta el
punto de que se efectuaron dos autopsias. Las dos determinaron que la causa del
óbito fue suicidio. Con todo, tras la primera revisión forense, la
investigación se mantuvo abierta. El escenario y las circunstancias de la
muerte alimentaban algunas sospechas.
“Charlote J. R., una joven inglesa de 27 años, residía desde
hacía tiempo en el complejo de apartamentos El Sultán, en Corralejo, con su
familia. Tenía dos hijos y en el momento de su fallecimiento se encontraba
embarazada de un mes y medio. La muerte se produjo con un cuchillo de grandes
dimensiones y el cuerpo presentaba tres cuchilladas profundas en el tórax, que
originaron la muerte casi instantánea. Los agentes de la Policía Judicial de la
Guardia Civil, tras analizar los hechos que rodearon el trágico suceso, determinaron
inicialmente que el fallecimiento se produjo de forma voluntaria. Estas
conclusiones también fueron refrendadas por los resultados de la necropsia.
“Sin embargo, el proceso de investigación, pese a las
escasas diligencias practicadas, pues no se interrogó a los vecinos, ni se
llevaron a cabo más análisis, se planteó una serie de dudas derivadas de la
inspección ocular de la vivienda donde fue hallado el cadáver. Los agentes se
encontraron con el hecho de que el lugar en el que ocurrió el suceso estaba
absolutamente limpio. No quedaban rastros de sangre en el cuchillo. Por si
fuera poco, incluso se había procedido al lavado de diversas piezas de la ropa
de cama de la finada. Todas estas circunstancias hicieron sospechar que tras el
óbito pudiera esconderse un delito.
“Al conocer estos detalles y como quiera que en los últimos
meses se ha detectado en el conjunto del país una tendencia a hacer pasar como
suicidios algunos casos de violencia de género, el juez de guardia el día que
ocurrieron los hechos solicitó una segunda autopsia.
“Muerte voluntaria
“En la nueva necropsia realizada por otro forense se
encontraban presentes agentes de la Policía Judicial de la Guardia Civil. A
pesar de las dudas que se habían generado el resultado fue el mismo: muerte
voluntaria.
“Este periódico intentó conocer la opinión de la familia de
la fallecida. Sin embargo, en un ambiente de clara hostilidad y sin apenas
mediar palabra, no quisieron recibir a los periodistas de este medio. Los
vecinos de los apartamentos próximos a la vivienda donde se produjeron los
hechos también evitaron pronunciarse sobre la muerte de la ciudadana británica.
Las personas a las que se les pidió información evitaron no solo identificarse,
sino que mostraron un total mutismo sobre las causas que rodearon al suceso y
que tantas sospechas generó”.
No he visto esta información en otros periódicos de más
difusión, ni ha aparecido en las pantallas de televisión ni mucho menos los
políticos se han preocupado por ella. Deben de haber considerado sin interés
este caso sobrenatural en el que una mujer puede matarse acuchillándose tres
veces en el pecho y después lavar las ropas de la cama, el suelo y el cuchillo.
Ya se sabe que las mujeres son muy apañaditas y curiosas y esta, aún muerta, no
iba a dejarlo todo sucio para que los vecinos la criticaran por dejada.
Resulta enormemente significativo que el redactor de la
noticia en La Provincia diga que “como quiera que en los últimos meses se ha
detectado en el conjunto del país una tendencia a hacer pasar como suicidios
algunos casos de violencia de género”… Si sigue esta tendencia se reducirán
significadamente el número de sumarios de los juzgados en los casos de
asesinatos machistas, lo que siempre es de agradecer cuando se encuentran tan
sobresaturados de trabajo.
Tampoco parece que haya llamado la atención a la policía, al
Ministerio del Interior, ni a los reporteros ni a los fiscales y al juez, que
ni los familiares, “en un ambiente de clara hostilidad y sin apenas mediar
palabra”, ni los vecinos, quisieran recibir a los periodistas de ese medio de
comunicación.
No quiero pensar que tanto en el caso de Nerva como en el de
Las Palmas se hayan ejercido presiones ilícitas por parte de las mafias de diversos sectores del crimen
organizado que ordenan no solo las
mujeres que han de morir sino cuales asesinatos han de ser investigados y
cuales no. Porque eso significaría que las mujeres, y sobre todo aquellas
especialmente vulnerables: negras, extranjeras, estamos absolutamente inermes y
desamparadas en este país.
Es evidente que hay que ser ciudadana estadounidense para
que la policía española se ocupe de investigar tu desaparición y tu muerte.
Madrid 12 de septiembre 2015.
Todas las víctimas no son iguales
publico.es 1/11/2013
En pleno escándalo mediático y de la sociedad civil, en el que han participado el gobierno, periodistas y juristas de reconocido prestigio, ocasionado por la sentencia del tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo sobre la “doctrina” Parot, con manifestación multitudinaria apoyada por miembros de la dirección del Partido Popular y recibimiento de las víctimas por el rey, incluidos, José Amedo Fouces se pasea por los platós televisivos haciendo apología del crimen. De sus crímenes. Del asesinato de las veintinueve personas, una niña de tres años entre ellas, que cayeron bajo las balas o las bombas que el GAL (Grupos Antiterroristas de Liberación) distribuyó a su buen criterio por bares, coches, plazas y domicilios para ultimar a supuestos etarras –ninguno tenía sentencia firme-, o a ciudadanos ajenos a tal actividad, que desgraciadamente para ellos se encontraban en el lugar equivocado en el momento equivocado.
Ese Amedo es recibido en los canales de televisión como una estrella invitada, se sienta al lado de periodistas y políticos honrados y tanto el presentador del programa como los otros contertulios le preguntan, con una mezcla de admiración y cortesía, sobre sus fechorías. Y tan siniestro personaje no duda en dar detalles de sus crímenes y de los de sus asociados y sicarios que también fueron condenados con él, justificándolos, considerándolos incluso un servicio a la patria.
El que era subcomisario de la Policía Nacional en Bilbao en 1983 –después de haber pertenecido a la siniestra Brigada Político Social bajo la dictadura- cuando se inician los crímenes del GAL, en septiembre de 1991 fue condenado por la Audiencia Nacional a 108 años y ocho meses de prisión y accesoria de inhabilitación por seis delitos de asesinato frustrado (cinco como autor moral y uno como autor por inducción), lesiones, asociación ilícita y falsificación, todo ello en relación con el llamado “caso Amedo-Domínguez”. Tal sentencia fue confirmada de modo prácticamente íntegro por la Sala Segunda del Tribunal Supremo en marzo de 1992. Y nuevamente en julio de 1998 fue condenado, junto a otros, por la Sala Segunda del Tribunal Supremo a nueve años y seis meses de prisión y once años de inhabilitación absoluta por los delitos de secuestro y malversación de caudales públicos, en relación con el llamado “caso Marey”.
Pues bien, este asesino convicto y confeso –las entrevistas televisadas se realizan con el pretexto de promocionar un libro en el que cuenta con detalle sus fechorías- es tratado en los medios de comunicación no ya con la normalidad con que se mueven otros tertulianos, sino con la deferencia que merece un personaje excepcional. Ese indeseable asegura que nunca se lucró con los delitos, cuando se demostró en los juicios que sólo en una noche en el casino Kursaal de San Sebastián perdió 30 millones de pesetas, que provenían directamente de los fondos reservados del Ministerio del Interior.
Y ahora se atreve, a cara descubierta y frente a la pantalla, a calificar de canalla al juez Garzón, sin que ninguno de los comparten mesa con él le haga reconvención alguna. El juez Garzón que fue el que, con minuciosidad y paciencia, instruyó las causas contra él y contra diecisiete cargos del Ministerio de Interior implicados en la organización, inducción y pago de los delitos. Y no sería tan mala y tendenciosa la instrucción, como aseguran los delincuentes, cuando la Audiencia Provincial los condenó a todos y tanto el Tribunal Supremo como el Constitucional ratificaron las condenas.
Amedo salió en libertad condicional en el año 2000, después de haber pasado doce años en prisión, la mitad de ellos en régimen abierto. Es decir, que de los 118 años de condenas cumplió en régimen cerrado únicamente 6. Los demás condenados – Michel Domínguez fue el más cercano colaborador de Amedo-, sicarios franceses, portugueses y españoles, y no digamos los cargos del Ministerio de Interior han disfrutado de beneficios semejantes.
Pero no se han convocado manifestaciones ni celebrado debates ni difundido condenas públicas por la inaudita lenidad con que, tanto la justicia española como los gobiernos sucesivos, del PSOE y del PP, como la Dirección de Prisiones, han tratado a los asesinos de los GAL, organizados por el Ministerio de Interior de los gobiernos de Felipe González. Ni por supuesto se han hecho declaraciones, orbi et orbe, condenando tales resoluciones judiciales y penitenciarias, en todos los micrófonos a que políticos y periodistas tienen acceso, como ha sucedido con los excarcelados de ETA, de los que el que menos prisión ha cumplido han sido 21 años, y la primera beneficiada por la libertad llevaba 27 años encarcelada.
Porque ya se sabe que en España todas las víctimas no son iguales, y tampoco sus asesinos. Ni José Antonio Lasa, ni José Ignacio Zabala ni Segundo Marey ni el trabajador ferroviario Jean Pierre Leiba, ni los dos miembros de los comités antinucleares Xavier Lorenzo y Endica Lorenzo, ni José Oliva Gallastegui, ni Bonifacio García ni Juan Jaúregui Aurria ni el bailarín Christian Olaskoaga. Ni el concejal pediatra Santiago Brouard, tiroteado en su propia consulta médica, ni Juan José Iradier, ni Christian Casteigts ni Emile Weiss y Claude Doer ni Dominique Labeyrie ni el fotógrafo del diario Egin Xabier Galdeano ni Emile Weiss y Claude Doer ni Robert Caplanne, ni Karmele Martínez ni Federick Haramboure ni la niña de tres años Nagore Otegu, ni Christophe Matxikote y Catherine Brion ni Juan Carlos García Goena, muertos por los GAL, ninguno de los cuales tenía relación alguna con ETA ni con su entorno, merecen el respeto, la condolencia ni el homenaje que les tributan a las víctimas de los etarras. Suponiendo, lo que es mucho suponer en un Estado de Derecho, que los demás asesinados fueran todos etarras, sin haber sido sometidos a juicio alguno y en un país que ha suprimido la pena de muerte.
Pero, reflexiono, ¿Cómo puedo pedir en España igualdad en la justicia y el reconocimiento a las víctimas del GAL, cuando por los ciento cincuenta mil ciudadanos civiles asesinados por las hordas fascistas durante años no se ha proseguido ninguna causa en nuestro país, y sus familiares han debido acudir a la justicia argentina para recibir el mínimo consuelo de que una jueza exija la extradición de algunos de los verdugos?
Ciertamente en nuestro país todas las víctimas no son iguales.
http://blogs.publico.es/lidia-falcon/2013/11/01/todas-las-victimas-no-son-iguales/
Ciento cincuenta mil mártires
Lidia Falcón - publico.es 16.10.2013
Ciento cincuenta mil son los mártires republicanos que esperan en las cunetas de las carreteras, en las fosas comunes de los cementerios, en los bosques y los huertos familiares, a que la Iglesia católica los reconozca como tales. Nosotros no tenemos quinientos veinte mártires, nosotros tenemos cientos de miles. Porque los asesinatos “legales”, aquellos que juzgaron los infames consejos de guerra franquistas y ultimaron los pelotones de fusilamiento y los verdugos, son doscientos cincuenta mil. España es el país, después de Camboya, que tiene más desaparecidos en proporción a su población.
Cuando el Papa apoya a esa Iglesia que se atreve a beatificar a “sus mártires” porque eran católicos muertos por su fe, sin rendir homenaje, ni aún mencionar, a todos los otros mártires que fueron asesinados por su fe republicana en el progreso, en la paz y la concordia entre los españoles, está alineándose una vez más con los fascistas vencedores de la Guerra Civil española.
Las esperanzas que algunos depositaron en el papa Francisco como dirigente moderno de la Iglesia, haciendo publicidad de su modesto alojamiento en un convento y de su transporte en un automóvil vulgar, volcado a los discursos sobre la pobreza y los emigrantes, quedan bastante empañadas ante esta última actuación papal hacia España.
Quizá este Papa de los pobres no sepa que la mayoría de los asesinados por falangistas, guardias civiles, alcaldes fascistas, policías nacionales y verdugos eran pobres, porque eran campesinos, obreros, empleados, maestros, profesores, alcaldes republicanos. A los ricos el franquismo no les persiguió. Las víctimas eran hombres y mujeres que lucharon por sacar a España del atraso secular en que estaba sumida gracias a las monarquías que la habían esquilmado. Hombres y mujeres que eran líderes sindicales del campo y de la industria, representantes políticos de los partidos republicanos, intelectuales y científicos, muchos simplemente liberales y moderados, porque bolcheviques había muy pocos.
Quizá este Papa que exalta la valentía de los mártires de su Iglesia no sepa de la valentía de los mártires republicanos, que en condiciones de pobreza, como vivía la mayor parte de la población española, dedicaron los mejores años de su juventud y de su vida a redimir del analfabetismo a los niños y a los adultos de su país, a curar a los enfermos, a intentar redistribuir la riqueza que detentaban en exclusiva los caciques y los capitalistas, invirtiendo en esta tarea sus pocas horas de ocio y todos sus recursos humanos y materiales.
Quizá este Papa que beatifica a los que murieron por dar testimonio de su fe, no sepa que los fascistas mataron a los masones por dar testimonio de sus creencias, a los socialistas por dar testimonio de sus propósitos de lograr algo de igualdad entre todos los ciudadanos, a los comunistas por dar testimonio de su empeño en lograr el reparto de la riqueza, a los nacionalistas por dar testimonio de sus demandas de autonomía, a los anarquistas por dar testimonio de su defensa de los trabajadores, a las feministas por dar testimonio de sus demandas de progreso para las mujeres.
Quizá este Papa que habla en exaltación de los cristianos beatificados no sepa que entre los ciento cincuenta mil republicanos asesinados legal e ilegalmente había muchos cristianos y católicos. De los once curas vascos fusilados en Euskadi por orden franquista nunca dice nada. La mayoría de las muchachas conocidas como “Las Trece Rosas”, que fueron fusiladas, eran creyentes. Entre los masones, nacionalistas, republicanos y simples campesinos y sindicalistas perseguidos por las hordas fascistas, los cristianos, católicos y creyentes eran mayoría.
Quizá el Papa no conozca la masacre que se ultimó en España por el régimen franquista y que ejecutaron los miles de falangistas, militares y verdugos para erradicar del país a todo aquel que disintiera de la doctrina franquista, y muy católica. Y que fue bendecida por un antecesor suyo, el papa Pío XII, con el calificativo de “Cruzada”, cuyas víctimas lo fueron por actuar a favor de una España republicana, igualitaria y justa.
Quizá el Papa no sepa todo esto, pero sin duda la Iglesia católica española sí lo sabe. Como también lo saben los ministros y ministras del Gobierno central, y el presidente de la Generalitat de Cataluña y la vicepresidenta del Govern catalán, y todas las autoridades y los gobernantes que asistieron embelesados a la ceremonia de beatificación en Tarragona. Y a los que no se les escapó una palabra que atemperara, aún en una misérrima porción, el dolor y la humillación que sentimos los descendientes y herederos de aquellos mártires republicanos que nos arrancaron de nuestras familias y de nuestras vidas tan sangrientamente.
Cierto es que, si ni de nuestros gobiernos ni de los partidos dominantes ni de la judicatura –y parece mentira que todos los jueces de instrucción de nuestro país muestren tal grado de cobardía– hemos podido lograr la exhumación de los restos, a los que muchos de sus familiares querrían dar cristiana sepultura, ni las reparaciones que se merecen, difícilmente podemos esperar reconocimientos ni homenajes de la Iglesia a nuestros mártires.
http://blogs.publico.es/lidia-falcon/2013/10/16/ciento-cincuenta-mil-martires/
Terrorismo machista publico.es 2/3/2013
Las declaraciones de un diputado de UPyD, de cuyo nombre no quiero acordarme, sobre las denuncias falsas de violencia contra la mujer, han desencadenado una avalancha de críticas y repulsas, acompañadas de las imprescindibles exigencias de dimisión. De todos los partidos, incluido el de gobierno, de las asociaciones de mujeres y los grupos feministas, y de periodistas y comentaristas de todos los medios. También de todo el mundo político, mediático y feminista. Excepto de la Sra. Rosa Díez, jefe de filas del partido donde se halla inscrito el citado personaje.
Es de suponer que ese señor quería provocar con sus declaraciones la atención que obtuvo, éxito mediático de unos días del que parece bastante falto desde que no tiene público para sus malas representaciones como actor. Por no sugerir que dada la insistencia con que repite las mismas afirmaciones, como hizo en la Comisión de Igualdad hace unos meses, en la que para más INRI representa a su partido, se trata de un tema en el que se encuentra implicado personalmente. Hora sería que declaraciones como esas tuvieran el tratamiento penal que corresponde a la apología de la violencia contra la mujer, como lo es excitar el odio racial, pero siempre nuestros gobernantes y legisladores han mostrado más repulsa contra el racismo que contra el machismo.
Pero lo que no se entiende es que la líder de UPyD se muestre tan esquiva e indiferente ante las declaraciones de su diputado, huyendo de los periodistas cuando se le interroga sobre el tema. Ya conocíamos la arrogancia de la Sra. Díez en sus numerosas actuaciones desde hace largos años, a la par que la inanidad de sus discursos, que ha aumentado desde que su propuesta política ha tenido el eco en la ciudadanía que la ha llevado al Parlamento, a pesar de que no contiene más sustancia que la de reclamar el fin del Estado de las Autonomías y la persecución de terroristas. Esa misma arrogancia es la que exhibe en estos momentos, en que hay que exigirle una declaración sobre los planteamientos de su diputado, porque al parecer cree que no tiene que ofrecernos su postura ante el grave ataque a las mujeres de su compañero de filas, con esos gestos de desprecio que dedica a los periodistas.
Esa señora que lleva clamando contra la política de los sucesivos gobiernos de España, en alguno de los cuales participó y que fue cabeza de lista en las elecciones al Parlamento Europeo por el Partido Socialista en el año 1999, respecto a las medidas que han tomado ante el terrorismo de ETA, considera que el maltrato a las mujeres no es tema suficientemente importante para que desde su altura de miras y preocupaciones deba pronunciarse.
Teniendo en cuenta que en los últimos treinta años contamos con 2.400 mujeres asesinadas, lo que triplica las víctimas de ETA en cincuenta años; que con un cálculo prudente son 2.500.000 las maltratadas habitualmente, que alcanzan 15.000 las violadas cada año, y que en esta sangrienta saga hemos de incluir los menores apaleados, abusados, asesinados y desparecidos, de los que ni siquiera tenemos cifras, el desdén que muestra la Sra. Díez por esta masacre es inadmisible.
Resulta sorprendente que sean precisamente los diputados de ese partido los que insisten en comentar el tema de la violencia contra las mujeres defendiendo a los hombres, descalificando a las víctimas, acusando a las instituciones gubernamentales, Ministerio de Igualdad, Fiscalía de Violencia de Género, Observatorio del CGPJ, de falsear los datos; y aportando unas cifras espurias manejadas por una serie de organizaciones de hombres machistas que llevan años lanzando una infame campaña contra las mujeres, con el evidente propósito de distraer la atención de las condenas que sus miembros han merecido por apalear a su esposa, abusar de su hijo o violar a la novia.
No es pensable que en Francia, en Alemania o en el Reino Unido los dirigentes de un partido parlamentario, ante esta conducta de uno de sus miembros, hubieran eludido no sólo pronunciarse y pedir disculpas sino también apartarle inmediatamente de la vida pública. Tan repulsiva conducta en la representante del más alto nivel de UPyD, partido político parlamentario, no tiene ninguna explicación. Si se puede sospechar que el mal actor protagonista de este escándalo pueda estar implicado en el tema personalmente, esta hipótesis no es previsible en el caso de Rosa Díez. En consecuencia solo cabe pensar que la ideología de esa señora corresponde a la de su compañero de filas y que si no se define es porque teme la repulsa general.
Porque para defender a las víctimas de maltrato, y en consecuencia solicitar mayor protección legal y judicial para ellas en vez de denigrarlas acusándolas de ser culpables del delito de denuncia falsa, no hace falta ser feminista, que es un grado más profundo de una ideología progresista. Solamente hay que creer en la igualdad de todos los seres humanos y conmoverse ante las desgracias que sufren los más indefensos. Por eso resulta indignante que esa Sra. Díez que lleva decenios haciendo una defensa arriscada de las víctimas del terrorismo etarra, se muestre inconmovible y despreciativa ante las numerosas desgracias e injusticias que están sufriendo las mujeres, que constituye el más grave terrorismo machista. Si el número de víctimas de los asesinatos y persecución de ETA alcanzaran el de las maltratadas, la Sra. Díez estaría pidiendo que se declarara Estado de Excepción y que interviniera el Ejército para que patrullara por las calles. Cuando se trata de que las asesinadas, amenazadas y apaleadas son mujeres, sólo obtenemos de ella una mirada despreciativa y el desgaire de negarse a hacer declaraciones.
Todo un programa político progresista.
http://blogs.publico.es/dominiopublico/6624/terrorismo-machista/
Garantías para la impunidad publico.es 14/2/2013
Cuando el nuevo escándalo de los pagos de salarios ocultos a los trabajadores por parte del jefe de CEOE madrileña, y subjefe de la CEOE española, Arturo Fernández, exigirá una investigación por parte de la Fiscalía Anticorrupción y la apertura de uno o varios procedimientos penales y contencioso-administrativos para dilucidar las responsabilidades del patrono, hasta ahora ejemplo de los empresarios españoles, es preciso denunciar que dado el sistema jurisdiccional que nos rige lo probable es que el Sr. Fernández no sea sancionado nunca con la rigurosidad exigible ante los delitos cometidos y la ruindad de su conducta. Y no ya sólo por sus buenas relaciones con el poder —que también, ya que siempre la condena puede esfumarse mediante un indulto— sino muy fundamentalmente por el procedimiento jurídico establecido.
La Revolución Francesa instituyó las garantías jurídicas para acabar con las injusticias que el sistema feudal imponía. Se trataba de proteger a los campesinos contra las explotaciones y opresiones del señor, establecer un proceso judicial escrito que no permitiera negar lo dicho anteriormente, aprobar recursos legales contra sentencias que pudieran haber sido compradas o cooptadas por los poderes del momento. En definitiva, se trataba de establecer la igualdad ante la ley y el procedimiento judicial, del débil frente al fuerte, del desposeído frente al poseedor, del trabajador frente a la empresa, del plebeyo ante el aristócrata. De la igualdad de la mujer frente al hombre ni siquiera se trató.
Sin embargo, pocos años más tarde las luchas obreras pusieron en evidencia que esa igualdad no era más que una forma nueva de injusticia. Los recursos de que disponen los empresarios convertían en agua de borrajas las posibilidades de defensa de los trabajadores y en consecuencia estos exigieron protección y no igualdad. De tal modo se gestó un nuevo Derecho laboral, que se calificó de tuitivo, es decir de protector y no igualitario, en el que se concedían ventajas —hoy desaparecidas— a los trabajadores en su demanda de derechos y defensa frente al patrono. Pero en ninguna otra rama del Derecho se modificó el que parece principio sagrado de establecer la carga de la prueba sobre el demandante o denunciante, es decir de obligarle a proporcionar las pruebas, más allá de toda duda razonable, de la acusación que esgrime.
En consecuencia, trastocando el espíritu de aquella revolución que pretendía proteger a los débiles, el sistema jurídico español actual se ha convertido en la ley de hierro que garantiza la impunidad de los poderosos. Al mantener las mismas garantías judiciales en las ramas del Derecho Penal, Civil, Mercantil, Administrativo, que hace doscientos años, aumentadas y corregidas en las Leyes de Enjuiciamiento vigentes, lo que se ha logrado es la imposibilidad de hacer valer los derechos del ciudadano frente a la Administración, de perseguir eficazmente a los delincuentes empresariales, a los políticos corruptos, a los banqueros que se dedican a la estafa y la apropiación indebida de sus clientes, a los maltratadores y abusadores de mujeres y niños.
Si a la maraña legal de nuestros procedimientos añadimos la escasísima dotación de los juzgados, Audiencias y Tribunales, a los que faltan jueces, secretarios, oficiales, agentes judiciales, forenses, fiscales, peritos, policías, podemos comprender fácilmente que un proceso de cierta complejidad: el vertido del Prestige que ha tardado diez años en celebrar juicio; el de negligencia con varios muertos en el que estén implicados varios acusados, que pueden ser a su vez responsables de diversas instituciones, como el de Madrid Arena; los de apropiación indebida, malversación de caudales públicos, cohecho, contra varios políticos y empresarios, como los de Pallerols, la trama Gürtel que se extiende a varias autonomías, el de Casinos de Cataluña, el del Palau de la Música de Barcelona, etc. etc. se tarde varios lustros en dilucidar. Una parte de las veces con la recaída de la prescripción y la mayoría con la pérdida de pruebas, olvido o muerte de los testigos e implicados.
Mi admirado regeneracionista Lucas Mallada describía en Los Males de la Patria el estilo “de las leyes y decretos que salen en la Gaceta, acompañados de interminables, ampulosos, relamidos y eruditos preámbulos a la española”, y denunciaba que “cuando el público ya estaba fatigado de mirar el tamaño, la forma y el color de las uñas de los picapleitos y esperaba con ansia medidas salvadoras, aparece en 5 de febrero de 1881 la Ley de Enjuiciamiento Civil, que con sus 2.182 artículos forma, según los curiales afirman, una apretada red donde Dios asista y ampare al que en ella se viere envuelto…para todos los desventurados que se hallen comprometidos con demandas, contestaciones, réplicas, dúplicas, términos de prueba, recursos de queja y alzada, recusaciones, notificaciones, citaciones, emplazamientos, requerimientos, suplicatorios, exhortos, cartas-órdenes, mandamientos, apremios, rebeldías, actos de conciliación, excepciones dilatorias, reconocimientos y tasaciones judiciales, tachas, vistas, sentencias, incidentes, apelaciones, concursos de quita y espera, embargos preventivos, juicios ejecutivos, tercerías, desahucios, retractos, interdictos, interposiciones, admisiones, sustanciaciones, arrogaciones, apeos, prorrateos y otras mil y mil providencias y triquiñuelas que ya quisiera saberlas para su uso y provecho el más erudito de los letrados españoles.”
Disculpen la larga cita pero es que no tiene desperdicio, y sobre todo porque los españolitos que han venido al mundo en este torturado país deberían obligarse a aprender de memoria la larga serie de actuaciones judiciales cuya lista nos ofreció Mallada, porque es la misma que rige hoy,a pesar de los varios maquillajes –y no tantos– con que han querido embellecerla en el último siglo. No resulta tan complejo el procedimiento penal pero su aparente sencillez –que tampoco es tanta– no altera en nada las posibilidades para el acusado con dinero de escurrirse por los grandes agujeros de la malla trenzada por los legisladores para beneficiar a los poderosos. Porque, y de eso no tengan ninguna duda, los desgraciados: negros manteros, mujeres maltratadas que intentan eludir la obligación impuesta de entregar los hijos al padre abusador, pobres que roban en un supermercado, camellos de unas cuantas papelinas para pagarse la droga, desahuciados que se refugian en un piso abandonado, todo ese universo de los desheredados de la fortuna que cometen minúsculos delitos, cuando no son víctimas de ellos, irán a cumplir condena con una rapidez desconocida para los empresarios, banqueros, políticos, narcotraficantes, proxenetas o traficantes de armas, hombres maltratadores y violadores.
Mientras las víctimas, trabajadores despedidos injustamente, ciudadanos que quedaron inválidos, o muertos, por el atropello de un coche conducido por un señorito borracho, muchachas violadas por uno o varios agresores, esposas apaleadas a las que no se paga la pensión compensatoria, madres a las que se ha quitado la custodia de sus hijos, jóvenes que fueron infectados por la droga, ciudadanos engañados por la entidad bancaria para que le entregaran sus ahorros, familias desahuciadas por una deuda que el acreedor ha convertido en doble o triple de su valor real, no verán nunca apagada su sed de justicia. En el laberinto legal es preciso entrar con la guía de una muy buena dirección letrada, mejor amparada por varios peritos en distintas disciplinas y algún detective, y siempre que tenga privilegiadas amistades con aquellos grupos de presión de cuyo caso se trate. Situación en la que no suelen encontrarse las víctimas de las injusticias sin dinero ni recomendaciones.
En este momento se amontonan en el mapa de la corrupción política y empresarial española más de trescientos sumarios instruidos por juzgados de toda España; muchos de los cuales, como los que acusan al inefable Fabra de Castellón, ya llevan ocho años de tramitación sin que se vea cercana la celebración de juicio. Algún que otro juez se lamenta de que los abogados utilicen todos los recursos que la ley procedimental les permite para alargar la resolución de los casos, pero no parece que propongan modificar radicalmente el sistema.
Para comenzar, sería preciso convertir en oral la instrucción que hoy es escrita, y secreta, como recuerdan siempre indignados los acusados cuando sus infamias son aireadas por los medios de comunicación; eliminar la elefantíasis de escritos, interlocutorias, providencias, notificaciones, citaciones, emplazamientos, requerimientos, suplicatorios, exhortos, cartas-órdenes, mandamientos, apremios y autos, y grabar tales resoluciones en vídeo, así como prescindir de la mayoría de recursos y apelaciones; sustituir los acuse de recibo de los escritos de las partes, las citaciones y exhortos por la comunicación telefónica o digital, y por supuesto que los juzgados dispusieran de peritos de todas las disciplinas, inspectores, policías, forenses y fiscales en el número necesario para realizar sus investigaciones.
Pero eso llevaría a que se descubriera y condenara antes a los culpables, y eso es precisamente lo que no se desea.
http://blogs.publico.es/otrasmiradas/category/lidia-falcon/
La perversión del Estado de derecho
27/07/2012 http://blogs.publico.es/dominiopublico/
La nueva normativa legal con la que nos amenaza el ministro de Justicia en materia de aborto no solamente traerá mucho sufrimiento a las familias y especialmente a las madres, no sólo significará que se agudicen las diferencias de clase, con la exclusión de las mujeres que tienen menos recursos del acceso a una clínica en buenas condiciones sanitarias en Londres o en Ámsterdam, y que deberán recurrir a abortos clandestinos y sépticos, con sus secuelas de enfermedades, procesos judiciales, quizá prisión para médicos y parteras –no sé si Ruiz Gallardón se propone también encarcelar a las mujeres–, y hasta muertes. Pero puesto que la salud y la felicidad de sus ciudadanos no constituye un problema para la conciencia del ministro de Justicia, lo que sí, desde el punto de vista de un jurista demócrata debería ser motivo de preocupación, cuando no de escándalo, es que fractura gravemente los principios de un Estado de Derecho.
Pero no son únicamente las consecuencias sociales que conllevará la nueva legislación abortiva –será con Irlanda y Malta la más restrictiva de Europa–, lo que pervierte nuestra democracia, es también lo que significa para un Estado de Derecho. Aunque este sea dominado por el aparato que actúa únicamente en defensa de los intereses de las oligarquías de nuestro país, como estamos viendo claramente en la gestión de la crisis.
Desde la transformación que se originó con la Revolución Francesa sobre la estructura del Estado, con el precedente de la Revolución Americana, la burguesía de los países industrializados y modernos aceptó los principios de división de poderes, distinción entre legislación y administración, demarcación de la esfera pública y de la esfera privada, separación entre Estado y sociedad civil. Y se somete cíclicamente a la elección de su órgano legislativo, que se supone representa la voluntad popular. No entraré aquí en la corrupción institucionalizada que significa la ley electoral, con la que los partidos de las oligarquías y de la burguesía se aseguran siempre el dominio del Parlamento. Pero, aún aceptando –qué remedio– esta distribución del poder, la defensa de las disposiciones de este Gobierno debe apoyarse en que los ciudadanos lo votaron. Este principio está siendo gravemente conculcado con ese proyecto de ley de aborto que prepara el Ministerio de Justicia –por supuesto ya lo está siendo con las disposiciones en materia económica que no existían en el programa electoral del partido que gobierna– donde se revela más nítidamente la contradicción entre lo que la sociedad española desea y necesita, especialmente las mujeres que son las víctimas de esas medidas legales, pero también una buena parte de los hombres que las apoyan, y lo que una casta dominante perteneciente a los sectores más ultras de la Iglesia católica pretende imponer. Y cuyos mandatos son los que Ruiz Gallardón está cumpliendo y que sin embargo no constituye ni el 14% de la población española que es la que las encuestas del CIS dicen que cumple con el precepto dominical de asistir a la Misa. Suponiendo que todos los católicos practicantes estén en contra del aborto eugenésico.
Porque la mayoría de la sociedad española –y bueno sería que convocara un referéndum sobre este tema como se hizo en Italia y en Portugal, siempre aquí las castas gobernantes más ultras y más timoratas– no está de acuerdo con una norma que impida a la mujer abortar un embrión o un feto con graves malformaciones que le harán inviable una vida humana. Porque una vida humana no es la del grumo de células que componen un embrión ni la de un feto sin desarrollar de 22 semanas de gestación. La vida humana, que debería ser más respetada por este gobierno ultracatólico que nos ha tocado en suerte, en forma de ayudas a los que no tienen recursos ni vivienda ni sanidad ni comida, es la que se construye muy lentamente desde el momento del nacimiento hasta la muerte, con la aportación de la sociedad a su propio desarrollo. Y que proporciona a los individuos la capacidad de moverse, de pensar, de decidir sus opciones, de trabajar, de amar, de reproducirse. Esas facultades que un feto malformado no tendrá nunca después de nacer y que en cambio son ya patrimonio de su madre. Nadie, no sólo perteneciente a un mundo moderno y científico, sino únicamente compasivo puede imponer a una mujer que de a luz y cuide toda la vida a un hijo incapaz de desarrollarse como un ser humano consciente. Esa sólo puede ser una opción personal de quien se sienta tan dispuesta al sacrificio como para aceptarla.
Debería ser evidente que una legislación represiva como la que se propone el Ministerio no podrá evitar que las mujeres decidan controlar su maternidad interrumpiendo un embarazo no deseado, y, sobre todo, en el caso de la malformación del feto. Las estadísticas que conocemos desde hace ya treinta años nos explican cómo el número de abortos, alrededor de 100.000 anuales, sigue siendo más o menos el mismo desde la transición democrática. Lo que cambia es el número de las que acuden a las clínicas privadas autorizadas, a la Seguridad Social, a las parteras clandestinas y a los países extranjeros. Y, por tanto, las cifras nos dan un gráfico que nos demuestra de qué modo en nuestro país el Estado aplica una política social que no atenúa, al menos en este tema, los sufrimientos que produce el desigual reparto de la riqueza. Ante las enormes diferencias de renta que padece la sociedad española –una de las más injustas de Europa– las ayudas a las madres y a las familias pobres son insignificantes, y mucho más cuando se están eliminando las subvenciones a los dependientes y a las instituciones que los ayudaban.
Es decir, que el Ministerio de Justicia se propone impedir que aborten las mujeres que sepan que están gestando un feto malformado, sin posibilidad de curación, y, al mismo tiempo, participa de un Gobierno que elimina centros de internamiento de dependientes, quita las ayudas económicas a las mujeres que los cuidan en el hogar y resta las subvenciones a las ONG que se ocupaban de ellos. Significa exactamente el regreso a un Estado medieval, donde ni el bienestar del pueblo ni la voluntad expresada electoralmente por este podían influir sobre las decisiones del poder.
Porque el Sr. Ruiz Gallardón no puede excusarse en la mayoría absoluta electoral que le concedieron las urnas en noviembre pasado –con el 40% de los votos–, puesto que esta no representa a la totalidad, ni siquiera a la mayoría del electorado. El 60% restante se distribuye entre otros partidos, cuya inmensa mayoría se encuentra mucho más a la izquierda que el PP. Pero es que todo sociólogo sabe, y también, por supuesto, nuestro pueblo, que no todos los votantes del PP están a favor de una represión tan feroz contra las mujeres gestantes como la que se propone el Ministerio. Y lo sabemos los profesionales de diversas disciplinas humanísticas, abogados, médicos, enfermeras, asistentes sociales, porque a nuestros gabinetes y hospitales llegan mujeres, acompañadas tantas veces de su compañero, solicitando un aborto, que se declaran de derechas y hasta católicas.
Porque las organizaciones católicas que no están de acuerdo con las directrices tridentinas de la jerarquía de la Iglesia muestran mucha mayor comprensión con el aborto en determinadas condiciones, una de las cuales es, por supuesto, la malformación del feto, y así lo manifiestan públicamente organizaciones de cristianos de base, y los teólogos Juan José Tamayo, Margarita Pintos y Benjamín Forcano, que han elaborado una doctrina confesional mucho más compasiva con las mujeres que la crueldad con que se manifiesta la Conferencia Episcopal. Porque, en definitiva, apoyarse como hacen los voceros del gobierno, como el secretario de Estado de Justicia, diciendo que el PP siempre está a favor de los más débiles, y por éstos han de entenderse los embriones o los fetos, es apuntarse a la más perversa demagogia. Los más débiles en esta triste competencia son las madres, puesto que solamente ellas pueden detentar el estatuto de seres humanos, y entre la felicidad y la salud de la madre y la de ese proyecto de ser humano que no ha llegado a desarrollarse no puede haber duda en el momento de elegir.
Así se ha entendido hace ya muchos años, desde la declaración de los Derechos Humanos de 1948 y la del Comité de No Discriminación contra la Mujer de 1982 y en las muchas recomendaciones y disposiciones de la Organización Internacional de la Salud, como en las que adoptaron los países civilizados en la IV Conferencia de la Mujer de Beijín en 1995, entre los que se quiere contar España como perteneciente a Europa, donde se establece el derecho de las mujeres a controlar su maternidad y se exige a los Estados que garanticen las buenas condiciones sanitarias públicas para que puedan practicarse un aborto, y donde se defiende una política eugenésica que evite el nacimiento de 15.000 seres malformados cada año, como sucedía durante la dictadura franquista. Etapa a la que desean vivamente regresar nuestros gobernantes.
“Porque el jurista no es, ni puede ser, un vigilante de un orden establecido –en este caso el de la Iglesia católica– sino que debe ser partícipe del proceso constructivo de una sociedad humana que a través de la ley tiende continuamente a evolucionar”. Exactamente lo que no es nuestro Ministro de Justicia, apegado a los principios represivos de una jerarquía eclesiástica de la Contrarreforma. Y esto no lo digo yo, sino la Memoria del Consiglio Superior de la Magistratura, ya de 1970, titulada Realidad Social y Administración de Justicia, en Italia, país donde vive y reina el Vaticano y su corte, y donde la ley de aborto es mucho más permisiva y liberal que lo será la española.
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LA VIOLENCIA QUE NO CESA
Este 25 de noviembre conmemoramos, un año más, el Día Internacional de No más Violencia contra la Mujer. La violencia contra la mujer está tan extendida que la ONU ha declarado que “es el crimen oculto más numeroso del mundo”. Sólo en el último periodo democrático de la historia de España las luchas feministas han logrado que el maltrato a las mujeres sea considerado un problema social que concierne a las instituciones del Estado. Pero es sin duda la montaña de muertas, que se ha acumulado en los últimos treinta años, y que al fin las estadísticas se han decidido a contar, aunque sea incompletamente, la que obligó a los legisladores a elaborar la Ley de Violencia de Género del 28 de diciembre –no sé si esta fecha tendrá algún simbolismo- de 2004, y que fue votada por todos los diputados por aclamación.
Cuando siete años después de entrar en vigor la meritada Ley contamos con 500 asesinadas, resulta difícil mantener el optimismo que muestran los gobernantes sobre la eficacia de la misma. Las cifras de los últimos treinta años resultan demoledoras: 2.200 muertas, 2.000.000 apaleadas sistemáticamente, 15.000 violadas cada año, y miles de niños –no hay estadísticas oficiales- maltratados, abusados sexualmente, asesinados y desaparecidos. Con este resumen de la realidad más reciente, ¿cómo se puede defender el éxito de un ordenamiento legal, plagado de contradicciones, omisiones y complejidades que lo hacen prácticamente ineficaz?
La más grave injusticia de esa ley es que sólo protege a las mujeres ligadas con el agresor por un vínculo sentimental permanente, lo que demuestra el clasismo y el patriarcalismo de los legisladores. A la par, al haber estos redactado, como consecuencia de la ampulosa, y en todos sentidos ineficaz, Exposición de Motivos, el Artículo 1, en la forma siguiente: “La presente Ley tiene por objeto actuar contra la violencia que, como manifestación de la discriminación, la situación de desigualdad y las relaciones de poder de los hombres sobre las mujeres, se ejerce sobre éstas por parte de quienes sean o hayan sido sus cónyuges o de quienes estén o hayan estado ligados a ellas por relaciones similares de afectividad, aun sin convivencia”, los jueces se sienten autorizados para exigir a las víctimas la demostración de que la violencia ejercida contra ellas se realiza en razón de “la posición de subordinación al hombre”.
Esta prueba se ha convertido en el principal argumento de la judicatura para archivar las denuncias de maltrato, “si no se demuestra que las agresiones se han producido como esa relación de poder del hombre sobre la mujer”. Criterio ha sido avalado hace un año por una sentencia del Tribunal Supremo que establece la doctrina ad hoc.
El resultado está siendo que miles de denuncias se archivan sin más trámite ante la declaración del maltratador de que él no actuaba con desprecio machista, y se le exige a la víctima que pruebe la situación de desigualdad en la pareja. Si el juzgador no llega al convencimiento de que se halla ante un caso específico de “violencia de género”, según la confusa terminología adoptada oficialmente, se sigue el archivo inmediato de las actuaciones.
Si no existiese la ley y se aplicase únicamente el Código Penal antiguo, en el caso de injurias, amenazas y coacciones, y, por supuesto, lesiones, se celebraría un juicio de faltas y se condenaría al agresor a una multa o se seguirían unas diligencias previas para perseguir el delito, como en cualquier otro caso, sin la calificación de esa “violencia de género”. En el día de hoy, todos esos maltratos se archivan sin más trámite.
Pero la más grave indefensión en que se encuentran las víctimas es que deben ser ellas las que prueben la comisión de los delitos, según el principio de que todo el mundo es inocente mientras no se demuestre lo contrario. Mientras el legislador se ha molestado en especificar, con resultados completamente nocivos, como ya hemos visto, que la violencia de género es diferente a los demás delitos, no ha considerado que, en razón de ello mismo, se debería invertir la carga de la prueba, como se ha logrado en la legislación laboral y en la Ley de Igualdad. Pero la sola mención de esta posibilidad indigna de tal manera a los expertos en Derecho y elaboradores de doctrina, que es imposible ni aún comenzar el debate.
A la vez, la falta de dotación económica de la policía, de los Juzgados, de las unidades forenses, impide la verdadera protección de las víctimas que en algunas comunidades se van de las comisarías con un folleto de consejos de autoayuda y sin que siquiera haya tomado su denuncia.
La consecuencia de todas estas circunstancias y negligencias es que el 55% de las denuncias se archivan sin más trámite. Del 45% restante que llegan a juicio, se condena al 70% -la mayoría porque el acusado se conforma con la pena que no excede de dos años y que en consecuencia no cumple- y, en definitiva, únicamente el 38% de las denuncias concluyen en condena del culpable, de las que sólo el 10% son superiores a dos años de prisión.
A este patético retrato de la aplicación de una Ley que debía ser el instrumento eficaz de protección de las víctimas, hay que añadir el incumplimiento –no perseguido- de las órdenes de alejamiento, que permite los continuos asesinatos de mujeres que se creían protegidas por tal orden judicial.
Podemos pronosticar que sin reformar la susodicha Ley de Violencia y dotar económicamente a la policía y a la Administración de Justicia, para que tengan medios con que cumplir con su deber de protección de las víctimas, las cifras de femicidios seguirán siendo escandalosas, ante la inhibición de las instituciones y la indiferencia social.
Bustarviejo, 19 de noviembre 2011.
MUJERISMO Y FEMINISMO
Una de las consecuencias de las últimas elecciones ha sido que el número de mujeres elegidas en las listas del PP en las comunidades y en los Ayuntamientos supera al de las del PSOE. Este fenómeno que apenas ha sido comentado, se explica con orgullo por el partido conservador por su actuación de promoción de las mujeres más dotadas sin tener que recurrir a la artificiosidad de las cuotas. Es sabido que los partidos de derechas pueden situar algunas mujeres en las cúpulas de su dirección, así como llevarlas hasta la presidencia de gobierno, como fue el caso de Margaret Thatcher, siempre que sean absolutamente fieles a los planteamientos del partido. Lo que no pueden explicar desde las filas de las mujeres socialistas es como después de treinta años de implantación de cuotas femeninas en el partido, de haber hecho de sus señas de identidad la aprobación de las leyes de igualdad y de paridad, de la creación durante un tiempo de un Ministerio de Igualdad y el mantenimiento en la actualidad de una Secretaría de Igualdad - aparte de la campaña continua de sus afiliadas presumiendo de la promoción de mujeres en puestos dirección política- en la actualidad la proporción femenina de Presidentas de Comunidad, de diputadas y concejalas sea inferior a las de un partido de derechas.
La explicación se encuentra en la forma en que pretendiendo la igualdad se ha rehuido el feminismo. La estrategia socialista desde hace más de una década se ha centrado en llevar más mujeres a la política independientemente de su adscripción ideológica, considerando que con aumentar el número estaba resuelta la evidente diferencia de participación femenina en todos los estratos de la política. Mientras los Partidos Feministas planteábamos que es imprescindible exigir a quienes nos representen en las instituciones la conciencia de lucha y el compromiso con las reivindicaciones fundamentales del feminismo, ya que de lo contrario lo único que se consigue es duplicar el voto de derechas. Negando que la ideología es el eje de toda actividad política y social, despolitizaron la lucha por el aumento de representación femenina en todos los estamentos sociales que se convirtió, en consecuencia, en un argumento para que también las conservadoras lo hicieran suyo.
Recuerdo en 1999, cuando una coalición feminista formada por los Partidos Feministas de España, de Catalunya y de Euzkadi, nos presentábamos al Parlamento Europeo y participábamos en un acto electoral en Barcelona, cómo las socialistas se coaligaron con las populares para hacer un frente único femenino que se centraba casi únicamente en exigir a los hombres la corresponsabilidad en el trabajo doméstico. Y siendo este un problema que pesa sobre las mujeres desde tiempos inmemoriales, no es posible reducir el feminismo a la limpieza y el cuidado de niños. El feminismo no es una cuestión biológica, no se es feminista por el azar de haber nacido con ovarios y matriz.
Esta condición anatómica será en todo caso el argumento de la sociedad patriarcal para destinar a las mujeres únicamente a la reproducción, pero el pensamiento y la acción para cambiar tal reparto sexual del trabajo y de la sociedad es producto de una reflexión profunda, de una teoría que se ha elaborado en el curso de más de doscientos años, de un compromiso sincero y valiente con las luchas transformadoras, que comporta múltiples peligros y marginaciones. Compromiso que como sabemos pocas mujeres, y hombres, contraen, mientras una mayoría sigue las normas establecidas, se somete a su papel secundario e incluso lo defiende.
El feminismo es una ideología transformadora de la sociedad, para acabar con todas las injusticias, las de clase, las de sexo, las de raza, a la que por supuesto pueden adscribirse todos los seres humanos, y sin la cual resulta inocuo, cuando no perjudicial, plantear únicamente el frente hombre o mujer.
Recuerdo el rechazo de Dolors Reanu y de Ana Balletbó, con otras de sus compañeras, cuando dije que prefiero un hombre socialista a una mujer del OPUS, precisamente cuando en la mesa, y después en Bruselas, se sentaba la dirigente de Unió de pública adscripción a la Obra a la que, al parecer, deseaban sumar a su estrategia, a la que me referí como mujerismo en contraposición al feminismo. Plantearse que únicamente por el hecho de ser mujer se poseen y defienden los valores feministas es no solo equivocado sino lo que es peor, enemigo del feminismo, ya que las mujeres que se han colocado en las instancias públicas por las formaciones de derechas están defendiendo la involución en todos los derechos que habíamos logrado implantar, con tanto esfuerzo, desde el Movimiento.
La defensa del mujerismo ha servido para que los Parlamentos y los Ayuntamientos aumenten el número de derechistas y opusdeístas que se oponen a la ley de aborto, a la del matrimonio homosexual- ambas recurridas por el PP en el Tribunal Constitucional- y a la inversión económica en los servicios sociales que son fundamentales para que las mujeres puedan entrar en el mercado de trabajo, solución ésta bastante más eficaz y socialista que el reparto privado de las tareas domésticas.
Bustarviejo, 4 de agosto 2011
LA VIOLENCIA QUE NO PUEDE CESAR
Desconcierta leer los análisis acerca del deplorable aumento de la violencia contra las mujeres que se ha producido este año de 2010 y que se afirme que el aumento de la violencia está relacionado con la crisis económica. Cuando hace diez años la media de mujeres muertas anualmente a manos de hombres era de 60 a 80, ¿qué crisis vivíamos? El año de cifras más bajas de asesinadas, con solo 52, fue 2009, cuando nos encontrábamos en el punto álgido de la crisis. El mayor número de víctimas hasta ahora –documentadas- es del 2006 cuando ni siquiera se avistaba la crisis.
Asombra más, que ninguno de los expertos se explique a qué se debe que mientras aumentan los femicidios las denuncias disminuyan, e indignación produce que se explique la desatención de las víctimas diciendo que “sólo” habían denunciado seis de las 33 asesinadas hasta este momento –según cifras oficiales que siempre son más modestas que las que contabilizamos las organizaciones feministas-, además de las dos gravemente heridas que al no haber muerto no engrosarán la estadística, ya demasiado abultada para permitir la comodidad de los ministerios responsables. Esas seis mujeres, cuya pequeñez numérica resulta despreciable para los analistas del fenómeno, habían confiado en la protección que debía prestarle el Estado democrático y avanzado de nuestro país. Acudieron a la policía, esperaron resolución judicial, alguna como la hija de la víctima del domingo día 30 de junio en La Guanche (Tenerife), obtuvo una orden de alejamiento de su verdugo y éste se vengó asesinando a la madre a la que, para mayor escarnio, había amenazado de muerte repetidamente. Diversos testigos –reza la crónica periodística- explicaron a las autoridades que el agresor había golpeado la puerta de la vivienda en varias ocasiones y amenazado a sus habitantes. Pero ninguna de las dos, ni la hija –que pudo huir- ni la madre obtuvieron una protección eficaz frente al enemigo, un solo hombre armado de un palo. Esas seis mujeres abandonadas por las fuerzas del orden, por la administración de justicia, por el delegado del gobierno, instituciones todas que hemos constituido para nos protejan en cumplimiento del mandato constitucional, fueron olvidadas a su suerte en su propia ciudad y en su propio domicilio. Y a ninguno de los que tenían la obligación de velar por su seguridad se les pedirá responsabilidades, ni administrativas ni penales, ni se indemnizará a los herederos de las víctimas. ¿Es tan sorprendente, por tanto, que las otras 26 mujeres asesinadas no presentaran denuncia?
Una de las explicaciones más irritantes sobre la causa de la masacre de mujeres es la que achaca la culpa a la propia víctima. Diariamente la televisión nos transmite el mensaje de la ministra de Igualdad, de la Consellera de Bienestar Social o del Delegado del Gobierno, instando a las mujeres a denunciar el maltrato. El tono, las palabras y la intención del comunicado indican que sólo la mujer es la responsable de que no se la haya podido proteger. Ella es confiada, imprudente, corta de luces, no atiende las señales de peligro, cree las estúpidas promesas del maltratador y, sobre todo, llevada de un romanticismo absurdo está enamorada de él y le perdona cualquier violencia. Pero, ¿a quien se debe achacar las consecuencias de esa violencia cuando, en más de una, y de cien ocasiones, a instancias mías una clienta de mi bufete presenta denuncia y la policía se limita a escribirla y decirle que regrese a casa, que ya citarán al marido? Y, ¿a quien hay que achacar la culpa del trágico resultado de la violencia continuada que un hombre ejerce sobre su mujer cuando después de ¡años! de tramitar procedimientos –penales y civiles- contra un maltratador, éste resulta absuelto y regresa a la casa para asesinar a la que tuvo la osadía de enfrentarse a él?
La campaña sostenida que han realizado las asociaciones de hombres de separados asegurando que las mujeres presentan denuncias falsas, apoyados muy eficazmente por varios jueces y fiscales, ha tenido éxito. Las consecuencias de esa persecución a que los machistas de toda laya han sometido a sus víctimas las estamos viviendo ahora. Ante esta ofensiva tanto las instituciones como la sociedad debían haber sido más beligerantes. Era inaceptable que se se difundieran diariamente en los medios de comunicación las declaraciones de hombres que aseguraban ser ellos las víctimas de maltrato, que fuesen invitados a programas de televisión y de radio, incluyendo las cadenas públicas, a exponer historias dramáticas de persecución e injusticia, y que, en el colmo de la parcialidad, fiscales y jueces asegurasen que el fenómeno de las denuncias falsas estaba muy extendido, declaraciones a las que se da una gran publicidad en cadenas de televisión de mucha audiencia. El resultado es que cada vez más se archivan las causas sin investigación alguna, cada vez hay más absoluciones y cada vez se desatiende en mayor proporción a las denunciantes, a las que se considera mentirosas y aprovechadas, ¿Puede, entonces, sorprender que las mujeres que sufren maltrato no denuncien? ¿Puede alguien, en consecuencia, sorprenderse de que el número de víctimas haya aumentado?
Barcelona, 21 de junio de 2010
EL MÁS CRUEL PATRIARCADO
En solidaridad con María José Carrascosa
A María José Carrascosa la han condenado a 14 años de prisión por nueve delitos, uno de interferencia a la justicia y ocho de desacato. La verdad es que María José ha cometido el peor crimen que una mujer puede cometer contra el patriarcado, llevarse consigo a su hija separándola de su padre. En el momento de comunicarle la sentencia el justiciero juez Donald Venecia de Hanckensack, Nueva Yersey, abochornó a la mujer -que trasladan al juzgado en cada comparecencia encadenada de manos y de pies- lanzándole un sermón enfurecido en el que la acusaba de arrogante, desafiante a la ley y de disponer de su hija como si fuese una propiedad que le perteneciera.
María José lleva tres años en prisión. Desde que, con una ingenuidad sólo propia de quien no sabe nada del patriarcado, viajó hasta Estados Unidos para defenderse ante el juzgado en el que el marido había presentado la demanda de divorcio. Porque María José, que es española, había trasladado su residencia a España, con la niña de cinco años, después de que el Servicio de Emigración de EEUU le concediera el estatus de mujer maltratada. Con ese aval y las pruebas de la violencia que había sufrido y de los abusos sexuales de que el padre había hecho víctima a la menor, el juzgado y la Audiencia españolas concedieron el divorcio y la custodia de la menor a la madre. Pero ésta no conocía el talante de los jueces estadounidenses, porque cuando se presentó ante el tribunal en ese mismo momento fue detenida y encarcelada sin que se le haya aplicado en tres años el beneficio de la libertad provisional ni siquiera bajo fianza.
Durante tres años María José y toda su familia –conocí a su hermana Victoria en un programa de televisión y comprobé la tortura que todos estaban viviendo- han batallado fieramente por demostrar su verdad. Abogados estadounidenses y españoles han trabajado conjuntamente para demostrar la situación que había sufrido María José durante su matrimonio y el peligro real que corría la menor si permanecía en compañía de su padre. Durante esos tres años ninguno de los jueces que ha tenido competencia en el asunto ha atendido las pruebas y los argumentos planteados, ni ha tenido consideración alguna por las dos sentencias españolas que le dan la razón a María José. No ha influido en su ánimo la evidencia de que si una madre es capaz de aguantar una tan larga prisión por proteger a su hija alguna causa grave debe motivarla, y ni siquiera ha sentido la menor compasión por la mujer que además del encierro está sufriendo una larga enfermedad de la que deberá ser intervenida quirúrgicamente.
Marilyn French, la escritora feminista estadounidense, tiene un estremecedor libro que titula “La guerra contra las mujeres” en el que analiza las injusticias que con ellas diariamente se cometen en su país. Se les imponen por los jueces sentencias crueles y sin fundamento, se las somete a torturas en comisarías y cárceles, se las condena a larguísimas penas de prisión por delitos menores. Compara el mismo trato que se les dispensa a los hombres por iguales casos y siempre son ellos los beneficiados. El libro, que deja sin aliento, estaba escrito hará una veintena de años y a esa circunstancia se agarró mi ánimo para tranquilizarse pensando que la situación habría cambiado, deseoso de huir de la angustia que me produjo el conocimiento de ese mundo de terrorífico dominio del patriarcado, del que no sabemos nada. La situación de María José Carrascosa me ha desvelado que el tiempo transcurrido no ha modificado ni la ley ni el criterio judicial ni el convencimiento social mayoritario de que el hombre siempre tiene razón.
No parece que hayan sido muchas las gestiones que ha realizado el gobierno español a favor de una de sus ciudadanas. Constato los grandes esfuerzos que estuvo haciendo nuestro ministro de Asuntos Exteriores para salvar a Aminatou Haidar -ni siquiera se ha producido una declaración institucional a favor de María José- y la importante campaña de solidaridad general que la activista saharahuí despertó. No conozco si Amnistía Internacional ha tomado interés en el asunto, y pienso en este momento en las manifestaciones a favor del disidente chino Liu Xiaobo condenado a once años por un manifiesto, que se vierten diariamente en todos los medios de comunicación y en todas las tertulias radiofónicas y televisadas. Leo la información sobre las concentraciones a favor de Juan López de Ugarte, preso en Copenhague desde hace quince días. Pienso también en las campañas que se han llevado a cabo cuando se ha condenado a lapidación o latigazos a alguna mujer en países musulmanes y no veo movimiento alguno a favor de María José exigiendo equidad en el tratamiento que se le está impartiendo.
Me pregunto si será porque Estados Unidos tiene una patente indiscutible de país democrático, o porque no es un país musulmán y por tanto está más allá de toda sospecha, o quizá porque la víctima es simplemente una mujer y una madre que sólo defiende a su hija, interés este de muy poco peso frente a los grandes que defienden Aminatou y Liu Xiaobo.
Y sobre todo me pregunto –y me desespero al hacerlo- ¿qué hace el Movimiento Feminista de nuestro país? María José es española, es víctima de la violencia machista, está defendiendo, a costa de su propia libertad y salud, a su hija de un padre maltratador y abusador sexual y por ello está siendo víctima de la más atroz de las injusticias que pueden darse en un país desarrollado y democrático, y, ¿qué respuesta ha tenido este infame caso por parte de los miles de grupos feministas que presumen de trabajar en España? ¿Por qué no se han movido para defender a María José Carrascosa?
Bustarviejo, 26 de diciembre 2010.
III REPÚBLICA
En este nuevo aniversario de la II República se deben plantear las cuestiones que se debaten públicamente, cada vez más a menudo, desde que en amplios espacios populares se reclama seriamente la III. La acusación, cierta, de que nunca se ha preguntado a la ciudadanía qué forma de Estado es la que desea, es contestada por los defensores de la monarquía con el argumento de que el referéndum de la Constitución significaba en realidad un plebiscito sobre aquella, ya que la Carta Magna la consagra sin duda alguna. Cierto es también que los partidos mayoritarios que se reclamaban de la izquierda en el panorama político del momento, aceptaron sin cortapisas –el Partido Comunista con un entusiasmo que nos dejó atónitos- legitimar al rey que había designado el dictador y coronado las Cortes franquistas, con su cortejo de símbolos y gastos y fastos: familiares, palacios, personal militar y civil, fiestas, viajes, himno, bandera, uniformes. Y que han debido transcurrir treinta años desde aquella traición para que el PCE –ya sin poder político- se desdijera de semejante felonía y aprobara entre sus objetivos la proclamación de la III República, en coincidencia con la actividad de una generación que despierta del letargo en que se sumieron sus padres, reivindicando la verdadera historia de la Guerra Civil y la dictadura y reclamando justicia para sus abuelos. Pero independientemente de que la evolución del PCE es consecuencia de haber comprobado duramente cómo sus votantes le han castigado por su olvido de los valores republicanos y su alejamiento de los verdaderos objetivos de la izquierda, lo más estimulante es que se comprueba un aumento de desafección entre la población española, especialmente los más jóvenes, hacia esta monarquía que nos impusieron los poderes fácticos en los tiempos inmediatos a la muerte del dictador.
Se ha ocultado consciente, y culpablemente, a las nuevas generaciones de españolitos, que han llegado al mundo en estos años de postdictadura, que el pueblo español lleva luchando un siglo y medio por alcanzar una República democrática, igualitaria y justa para su país y que cada vez que parecía haberlo conseguido fue destruida manu militari por la violencia de las armas. Muchos sufrimientos y una atroz guerra nos proporcionaron los enemigos de todo progreso. Los cuatro jinetes del Apocalipsis español: el Ejército monárquico y franquista, los grandes consorcios industriales y la banca, en colaboración con los latifundistas del sur y del oeste, con la bendición de la Iglesia católica, fiel aliada de todos ellos. Todos contra el pueblo, contra la libertad, contra la igualdad, contra la ciencia, contra la cultura. Contra la humanidad en definitiva.
De ese túnel de miseria, represión y miedo en que estuvimos metidos durante cuarenta años, salimos, muy lenta y violentamente. En los ochenta la Universidad de Yale (EEUU) me pidió un artículo sobre la violencia en los años de la Transición, y a pesar de mis limitadas fuentes de información obtuve la cifra de 280 personas pertenecientes a grupos de izquierda asesinados por las fuerzas de la ultraderecha. Últimamente las indagaciones más completas ascienden el número a más de 500, como se demuestra en una investigación reciente. Hora es ya de desmentir la falsedad más repetida y publicitada por todos los estamentos del poder de que la transición política española se realizó en una calma paradisíaca. Sartorius y Sabio, en su último libro, explican que en un solo año se produjeron ¡14.000! huelgas y se celebraron miles de asambleas y manifestaciones de todos los estamentos sociales, convocadas por las organizaciones obreras, vecinales, estudiantiles, feministas. Fueron asesinados, por diversas facciones y sicarios fascistas, activistas sindicales, comunistas, anarquistas, nacionalistas, en las calles, en los despachos de abogados, en las comisarías y en las cárceles.
Durante casi siete años- desde la muerte de Franco hasta el golpe del 23 F- todos los medios de comunicación alertaron de las conspiraciones del ejército con la conocida frase de que “se escuchaba ruido de sables en los cuarteles”. Todavía en octubre de 1982, en vísperas de las elecciones que le dieron el triunfo al Partido Socialista, se descubrió una nueva conjura militar. Recuerdo como Miguel Nuñez, miembro del Comité Ejecutivo del Partido Comunista y diputado a Cortes, regresaba a Barcelona después de cada semana parlamentaria justificándose ante los militantes impacientes, y disgustados con la complicidad del partido con la monarquía y la derecha, que los militares estaban nuevamente organizándose para “dar el golpe”.
Este fue el verdadero clima de la sociedad y de la política española en el que se impuso la monarquía y no la plácida situación que se ha descrito desde todas las instancias dominantes: poder político, medios de comunicación, historiadores. Mediante una Constitución redactada por una mayoría de representantes de la derecha y la extrema derecha, que defendía los intereses de las clases capitalistas, y dos diputados del PSOE y del Partido Comunista que habían abandonado sus reivindicaciones republicanas. Esa Constitución, que no fue aceptada en el País Vasco, se votó por el pueblo en un clima de terror, de amenazas constantes y de vivo recuerdo de los horrores de la guerra civil y de la dictadura. Plebiscito, por tanto, inválido porque fue convocado bajo coacción, y, en consecuencia, esa generación de los años 70 responsable de lo sucedido, no puede obligar a sus descendientes a heredar sus consecuencias, llegado el tiempo en que pueden al fin sacudirse el miedo y las limitaciones a que fueron sometidos sus mayores.
Santa Cruz de Mudela, 29 de marzo 2010.
