JUAN JOSÉ MILLÁS 18 JUL 2014 El País
Carlos Cano entró hace dos días en prisión para cumplir tres años por participar de un piquete informativo durante cuya actuación no hubo heridos, no hubo destrozos.
Hace poco, un hijo de Gallardón se libró del test de alcoholemia refugiándose, tras una aparatosa huida, en la casa de su padre. Peor fue el caso de Esperanza Aguirre, que se dio a la fuga derribando una moto de la policía cuando los agentes intentaban multarla. No paró hasta llegar a su domicilio, pese a los requerimientos de un coche patrulla desde el que, en paralelo al suyo, le daban órdenes de detenerse. Ya en casa, y frente a los requerimientos de los municipales, envió a sus escoltas-funcionarios públicos —a sueldo del contribuyente—, que salvaron también a la expresidenta de la Comunidad de Madrid de someterse, como es preceptivo, al test de alcoholemia. Usted y yo habríamos soplado, nos habrían analizado la saliva, habríamos dormido en el calabozo, y estaríamos ahora pendientes de un juicio por desobediencia a la autoridad, intento de agresión a la policía y desórdenes públicos, entre otros. Total, cuatro o cinco años de cárcel. Privilegios de clase, como el de la delincuencia organizada que, si se empeña, consigue una amnistía fiscal por la que regulariza lo defraudado a menor costo que si lo hubiera declarado en tiempo y forma.
He aquí, sin embargo, que Carlos Cano, un licenciado en Medicina de 25 años, entró hace dos días en prisión para cumplir tres años por participar en un piquete informativo durante cuya actuación no hubo heridos, no hubo destrozos, no hubo vandalismo ni evasión de capitales ni cohecho ni malversación de caudales públicos. No hubo nada, en fin, aunque esa nada le va a destrozar la vida. Es un caso, pero los hay a docenas. Estos jóvenes, perseguidos con saña en un país donde el presidente del Gobierno envía mensajes de apoyo a un delincuente, son los héroes de un tiempo por venir.
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