"Para el gobierno del PP, la exclusión social no es un riesgo, sino un insignificante daño colateral del que nadie debe hacerse responsable"
ALMUDENA GRANDES 15 ABR 2013 - 00:00 CET
Lo peor ni siquiera es el cinismo. Invocar la inviolabilidad del hogar o la edad del hijo de la vicepresidenta del Gobierno para condenar los escraches, implica consecuencias más graves. Estas declaraciones explicitan que la sensibilidad de quienes se sienten agredidos se limita a los miembros de su propio grupo. Así, el hogar de los desahuciables se puede, y se debe, violar con una ley injusta en la mano, y sus hijos, igual que los de los proletarios del siglo XIX, no cuentan como bebés. Para el Gobierno del PP, la exclusión social no es un riesgo, sino un insignificante daño colateral del que nadie debe hacerse responsable.
Permítanme, por tanto, que levante la voz para aclamar el decreto de una consejera de IU, que aplauda con fervor la iniciativa de la Junta de Andalucía, la única medida que se ha tomado en España desde hace mucho tiempo para proteger un derecho constitucional esencial de los ciudadanos. A pesar de las constantes intoxicaciones, de las retorcidas interpretaciones que ha inspirado, esta disposición —equiparable por otra parte a las normas que penalizan a los propietarios de viviendas desocupadas en muchos países de la UE— tiene un valor que excede con mucho su propia aplicación.
No se podía hacer nada, decían, pero resulta que sí se puede. Ha muerto la política, decían, y miren por dónde, acaba de resucitar. Todos son iguales, decían, y sin embargo han dejado de serlo. Báñez le mete un hachazo a las pensiones por decreto mientras sus portavoces critican que Cortés escoja la vía del decreto para atacar a bancos y especuladores. Lo peor no es el cinismo. Lo mejor es que una Administración haya sabido reaccionar para sacarle los colores de la vergüenza a todas las demás. Y el fin de la cantinela del voto útil. Y la alegría de encontrar en la unidad de la izquierda una puerta abierta hacia el futuro.
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