El jurista Baltasar Garzón defiende en este artículo que se mantenga la investigación de los crímenes franquistas, la creación de una Comisión de la Verdad para lograr la reparación histórica de las víctimas y el logro de 500.000 firmas para hacer la petición al Congreso.
Están frescas aún las
palabras del Tribunal Supremo por las que, en forma de sentencia, se me
“absolvía”, después de casi dos años de suspensión de funciones debido en gran
parte a injustificadas paralizaciones del proceso, de un supuesto delito de
prevaricación por haber intentado investigar, y que lo hicieran otros jueces
territorialmente competentes, los crímenes del franquismo como crímenes contra
la humanidad. Esta investigación no debería quedar enterrada como lo están más
de 100.000 personas desaparecidas en los campos españoles, cuyos restos recuerdan
la dignidad de quienes exigen justicia, frente a la indignidad de quienes lo
hicieron y la indiferencia de quienes permiten que la justicia siga ausente,
asumiendo la vergüenza internacional del olvido y el silencio.
Aquella sentencia, en alguno de sus renglones, alude a la legítima
aspiración de las víctimas a saber lo que sucedió, cómo y por qué, pero
considera que la verdad histórica no es del mundo de la justicia y con ello
desconoce el derecho humano de las mismas a la verdad, la justicia y la reparación,
y da la espalda a la comunidad internacional que, en materia de derechos
humanos, establece exactamente el principio contrario. Con esta decisión, de
hecho, tales derechos han quedado arrinconados y destruidos, y las víctimas
escasamente compensadas al permitírseles algunos testimonios conmovedores en el
juicio seguido contra mí; pero incluso eso ha tenido que ser cuestionado por un
voto particular ejemplo de lo que la justicia no puede ni debe ser en un marco
democrático y de derecho.
El auto de la misma sala del pasado 29 de marzo (dictado, entre otros, por
el magistrado Luciano Varela y el presidente Juan Saavedra, que mantuvieron,
insistentemente, mi supuesto actuar delictivo por intentar investigar los
crímenes del franquismo y proteger a las víctimas) resuelve la competencia en
favor de los jueces de instrucción territoriales para la apertura de las fosas
y recuperación de los cuerpos, algo que quedó perfectamente claro y diáfano en
mi resolución de inhibición de 26 de diciembre de 2008, que ni siquiera
mencionan. Visto el tenor de aquella resolución (“... en presencia de indicios
objetivables de la existencia de restos de posibles víctimas de delitos
susceptibles de localización (sic) —salvo cuando de la propia noticia
contenida en la denuncia o querella se derive la inexistencia de
responsabilidad penal actualmente exigible (sic)— pueda instarse del
juez de instrucción competente, según el artículo 14,2 de la Ley de
Enjuiciamiento Criminal, la práctica de las diligencias dirigidas a datar
aquellas acciones criminales y, si fuera necesario, a la identificación de los
afectados”), no garantizan, ni siquiera el supuesto mínimo de reparación al no
exigir, como deberían, la realización de aquel derecho indiscutible y universal
de las víctimas, limitándose a citar normas internacionales que, de hecho, no
aplican.
En todo caso, quedan otras vías para que se
reconozca el derecho actual a la justicia a las víctimas, como son las del
Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas y el Tribunal Europeo de Derechos
Humanos. En ningún caso el olvido puede ser el resultado. No mientras queden
fuerzas a quienes consideramos que la respuesta judicial es un derecho de las
víctimas que no puede eliminarse por razones de oportunidad o un mal entendido
principio de legalidad que obligaría exactamente a lo contrario, es decir, a
satisfacer mínimamente aquel derecho.
Tampoco debe olvidarse que en nuestra Constitución está regulado el derecho
de iniciativa legislativa en el artículo 87 que prevé la posibilidad de que los
ciudadanos/as puedan impulsar la aprobación de leyes, como sería la que
regulara la creación y desarrollo de una Comisión de la Verdad, por encima de
las opiniones de los predicadores de la intolerancia y el desastre y asumiendo
una realidad a todas luces imposible de ocultar: la falta de respuesta desde el
Estado por la desaparición de más de 150.000 personas entre 1936 y 1951 en
España como consecuencia directa de la represión franquista, hiciera un trabajo
serio y exhaustivo y diera respuesta a todos los interrogantes que aún penden
sobre ese periodo de nuestra historia reciente.
La Transición no abordó ninguno de los temas relacionados con los crímenes
franquistas y su sanción, ni se habló de verdad, justicia o reparación. La
falsedad en la que vivimos respecto de aquellos crímenes ha sido potenciada
ahora por la sentencia del Tribunal Supremo que habla de la dificultad de
compaginar los principios del sistema penal de enjuiciamiento con “la
declaración de la verdad histórica de un hecho tan poliédrico como el de la
Guerra Civil y la subsiguiente posguerra”.
Realmente es difícil asumir que la dictadura
franquista fuera algo diferente de una pura y dura dictadura, y que a la falta
de derechos, la persecución, el asesinato, la desaparición, la sustracción de
menores a sus legítimas familias y la tortura contra miles de personas, se les
denomine “hecho poliédrico”, pero más difícil todavía es, tratar de explicarlo
fuera de España. Ni los más benevolentes lo entienden. ¿Acaso se investigaron
aquellos crímenes o ha existido voluntad de investigarlos después, hasta el
intento frustrado del juez que fue formalmente acusado y juzgado por ello?
¿Acaso una ley de amnistía se puede aplicar genéricamente sin determinación de
autores ni de hechos y hacerlo además para amparar crímenes contra la
humanidad? ¿Acaso se ha permitido la investigación que se proponía sobre los
perpetradores vivos? ¿Acaso el actual Gobierno ha mostrado algún interés en
aplicar hasta sus últimas consecuencias la raquítica Ley de Memoria Histórica?
¿Acaso tiene alguna justificación que se persiga a las víctimas por
manifestarse ante el Tribunal Supremo en demanda de justicia? Son cuestiones,
cuyo simple planteamiento demuestra que la epidermis de muchos políticos
españoles y de una parte considerable de la sociedad es gruesa e impermeable
para estos “temas menores”.
Después de lo sucedido en noviembre de 2011, el panorama conservador de
España, las opiniones y decisiones que cuestionan avances democráticos
evidentes y que van en contra de una opción vertebradora de la sociedad civil,
son abundantes e inquietantes.
Bajo el paraguas de la crisis y la necesidad de salir de ella, se están
orillando intencionadamente cuestiones cuyo planteamiento y solución afectan a
la propia esencia de la convivencia democrática. La tendencia, claramente
manifiesta ya, de obviar fórmulas alternativas de salida de la propia crisis,
basadas en el crecimiento y no en los recortes; permitir el deterioro de la
enseñanza y la cobardía institucional para afrontar una reforma que todos
demandan; asumir la vaciedad del discurso político, que, huyendo del análisis
de fondo, se queda en la descalificación y el insulto; huir de la reforma en
profundidad de la justicia, que la haga verdaderamente transparente y eficaz;
renunciar al cambio de modelo de participación ciudadana, que obligue a los
representantes a ganarse el puesto más allá de las estructuras burocráticas de
los partidos; amparar la lenidad en la persecución de la corrupción, que ha
hecho, junto con la falta de compromiso de la clase política, que nos
encontremos en una situación económica comatosa; destruir la cooperación
internacional que aleja a España de lo que siempre le dio fuerza en el mundo;
imponer un modelo económico que hunde a los trabajadores y exige demasiado poco
a los causantes del desastre; o propiciar la negación de la memoria, la
justicia y la reparación a las víctimas, que coloca a España en el furgón de
cola de los países democráticos, son ejemplos que demuestran la degradación del
nivel ético en un pueblo, auspiciado desde las propias instituciones con
discursos fatuos y engañosos y que evidencian la necesidad de que un verdadero
y definitivo cambio de paradigmas se produzca.
Es hora de dinamizar a todos los/as que todavía sienten la necesidad de
comprometerse en la legítima lucha para superar el modelo de sociedad
adormecida en favor del que representa una sociedad dinámica, solidaria y
comprometida con la consolidación de aquellos valores de transparencia,
participación, recuperación ética y defensa de los débiles, combatiendo a
quienes, desde la soberbia y la negación, quieren imponer un modelo fracasado y
obligar a mantener el más ominoso silencio.
La Comisión de la Verdad sobre los crímenes
franquistas, que se propone, debería, con un carácter integrador e
independiente, acoger los testimonios no solo de las víctimas que aún viven y
que arrastran sus maltrechos cuerpos reivindicando con entereza y valor su derecho
a ser oídas, en demanda de una respuesta del Estado, hasta ahora inexistente,
sino también los testimonios de los que causaron el dolor y de los expertos. Y,
con todo ello, contribuir, a través de sus conclusiones, a fijar, no solo la
verdad histórica, sino la reparación personal y colectiva que se debe a las
víctimas. Con ello se conseguiría cerrar definitivamente la herida que aún
sigue abierta y divide a los españoles/as.
Una sociedad se fortalece a sí misma reconociendo lo que aconteció en un
momento dramático de su historia, así como los hechos que propiciaron su
ruptura y la sumisión a la voluntad del dictador. Y, en este sentido, no son el
silencio y el olvido, ni la impunidad surgida de esa impúdica unión, los que
deben prevalecer en la memoria de un pueblo, sino las decisiones que hicieron
posible, la verdad, la justicia y la reparación de quienes sufrieron la
represión y el dolor por parte de quienes tenían la obligación de protegerles y
no lo hicieron.
La búsqueda de 500.000 firmas para hacer la petición
al Congreso es el mínimo ético que debe mover a un pueblo para reencontrarse
con la dignidad que otros le robaron y debe ser la piedra de toque para
comprobar hasta dónde estamos preparados para afrontar con firmeza los tiempos
difíciles que nos han tocado vivir, en forma diferente a la del seguidismo que
otros nos marcan. Las generaciones que vivimos, en todo o en parte, el
franquismo, le debemos este esfuerzo a los que no lo conocieron y que aún no
saben el precio que se pagó, ni pueden valorar la pérdida de dignidad que
supone la indiferencia de la que se hace gala con demasiada frecuencia.
El juez sudafricano Richard Goldstone, que en 1991 firmó el informe sobre la
violencia en su país, declaró en 1999, en referencia a la Comisión de la Verdad
y Reconciliación de Sudáfrica: "Cada país tiene que enfrentar su propia
historia y tiene que decidir qué tipo de justicia quiere, pero es un error
terrible el de aquellos países que han tratado de olvidar su historia, su
pasado, porque cuando eso sucede, y la gente simplemente sigue adelante con su
vida es cuando la venganza y el odio aparecen".
Una Comisión de la Verdad en España es necesaria y si quienes tienen la
obligación de construirla y desarrollarla no lo hacen, tendrá que ser la misma
sociedad la que la impulse para recuperar esa dignidad que las víctimas nunca
perdieron y poder construir un futuro que se sienta en paz con el pasado y que
no se apoyé en decenas de miles de cadáveres a la espera de que la historia se
repita.
Cuando la presentación de firmas en el Congreso se produzca, espero y deseo
que su presidente, que tanto boato y trascendencia dio a la propuesta taurina
de hace unos días, reciba con honores de Estado a las víctimas que acudan a
depositar aquella iniciativa y les ofrezca su apoyo incondicional como
representante de la soberanía popular, para dar prioridad a una demanda, cuya
realización, amén de ser justa, nos reconciliaría verdaderamente a todos.
"Hay que derribar el silencio"
Baltasar Garzón
Decía Nelson Mandela, en una carta fechada el 1 de abril de
1985 y dirigida a la activista antiapartheid de mujeres blancas en
Sudáfrica: “Puede que los ideales que albergamos, nuestros sueños más anhelados
y nuestras más fervientes esperanzas no lleguen a cumplirse mientras vivimos.
Pero eso no importa. Saber que en tu día cumpliste con tu deber y estuviste a
la altura de las expectativas de tus congéneres es por sí misma una experiencia
gratificante y un logro magnífico”. Esta cita viene al caso, porque la semana
pasada, en el programa Parlamento de TVE, vi a un grupo de personas,
representando a los toreros, aficionados y empresarios taurinos que presentaba
una iniciativa legislativa, avalada por 590.000 firmas, para que los diputados
discutan y aprueben una ley que regule de forma global a nivel nacional, la
fiesta taurina, como forma de proteger las tradiciones populares y el
patrimonio cultural patrio. El presidente del Congreso, los recibió con todo el
protocolo y, sonriente, dijo que le parecía una iniciativa magnífica. No sé
bien, porque mecanismo mental recordé el artículo recientemente publicado en
este diario de Reyes Mate, en el que comparando el caso israelí y el español
decía: “En España también hay que derribar un muro de silencio, pero desde una
sensibilidad decididamente opuesta, en el caso de los herederos del franquismo,
o prudencialmente distanciada, en el caso de los protagonistas de la transición.
Ahora bien, lo que piden los testigos es ser escuchados y que se les haga
justicia, aunque sea bajo la forma modesta del reconocimiento de una
injusticia. No venganza, sino piedad. Pero ni eso”.
